¿Habrá nueva política fiscal con el comienzo de "nuevo curso"?

¿Habrá nueva política fiscal con el comienzo de "nuevo curso"?

 La próxima semana comenzará el curso político con toda su fuerza. Los temas económicos, con la recuperación post-pandemia como estandarte, adquirirán renovado interés ya que asuntos como los fondos europeos, las pensiones o el precio de la luz nunca se marcharon de vacaciones. En paralelo, es previsible que se vuelva a discutir sobre las eternas reformas pendientes en la economía española y, cómo no, de la situación financiera de nuestras administraciones públicas. A continuación, esbozo precisamente algunos de los principales debates sobre los ingresos y gastos de los gobiernos, esto es, la agenda de la política fiscal que nos podremos encontrar en los próximos meses.

Una primera e inevitable cita será el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que debe arribar a las Cortes el 30 de septiembre como muy tarde. También las comunidades autónomas (CCAA) y las entidades locales irán haciendo lo propio en los meses venideros. Así que prepárense para escuchar históricas expresiones como “los presupuestos de la recuperación”, “los presupuestos más sociales de toda la historia”, etc., de la boca de variados representantes políticos.

A nivel nacional no es mucha la información con la que contamos en estos momentos. Se ha definido un techo de gasto pero sin objetivos fiscales es difícil adelantar el tono de la política fiscal. Contar con un sucedáneo en la forma de “objetivos de referencia” suena más a la planificación indicativa de hace décadas que a una moderna disciplina fiscal. No obstante, todo apunta a que la política fiscal continuará siendo expansiva. Y en parte tiene sentido que así sea pues se espera que a lo largo de 2022 cerremos la brecha de producción respecto a nuestro producto interior bruto potencial, y en tanto ello no ocurra se debe seguir este esquema convencional.

Lo que resulta más difícil de entender es que sigamos sin un plan de reequilibrio a medio plazo que nos explique, a los que pagamos impuestos y a quienes le prestan el dinero al gobierno, cómo se van a cerrar los desequilibrios financieros de las cuentas públicas en los próximos años. 

No parece que el gobierno esté por la labor. A pesar de que una ley orgánica obligue a ello; aunque también es cierto que esa ley está virtualmente muerta. Y haciendo oídos sordos de las recomendaciones del Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que vienen pidiéndolo desde hace meses; por cierto, en algún momento habría que pensar de qué manera esas recomendaciones adquieren un carácter más vinculante pues confiar solo en su efecto reputacional parece más que amortizado. Con otras palabras: son las voces de los que predican en el desierto.

Otro posible asunto que se dibuja en el horizonte es la reforma del sistema de financiación autonómica. Un servidor es escéptico respecto a su amplitud. En anteriores ocasiones, comenté que no se dan las circunstancias idóneas para ello. Pero esto no debería impedir el que se adopten parches encaminados a reducir la falta de equidad del sistema. En cualquier caso, siempre sería deseable que los cambios en el modelo tengan en cuenta lo que los expertos nombrados por el gobierno para diseñar una reforma fiscal tengan que decir, principalmente, acerca impuestos sobre la riqueza en manos de las CCAA.

En este tema, sin embargo, creo que existe un riesgo de parálisis mayor al que se desprendería de su propia complejidad. A nadie se le escapa que cualquier cambio en el sistema de financiación autonómica es complicado: intereses políticos y territoriales diversos, Cataluña, los dos grandes partidos sin hablarse, las entidades locales también esperando, etc. Y sí, es difícil, pero no imposible. Se pueden tocar muchas piezas del sistema para compensar a posibles perdedores, dosificar los cambios en el tiempo y, sobre todo, apelar a la Política (la mayúscula no es una errata). Y quizás en lo último reside el problema.

Finalmente, otro tema de la agenda fiscal lo podemos encontrar en las finanzas públicas autonómicas-no sé si en todas-. Aquí también deben elaborarse unos presupuestos aunque se ha elevado el riesgo de que, ante una posible ruptura electoral entre los partidos que apoyan al gobierno, se tengan que prorrogar los actuales. Sería una mala noticia por, al menos, dos motivos. 

ⓂPrimero, se deteriora la estabilidad financiera de cada Comunidad; gusten más o menos, soy de la opinión de que es mejor tener unos presupuestos aprobados en tiempo y forma que arrastrar los anteriores.

 ⓂSegundo, dado que los presupuestos de las diferentes autonomías para este 2021 están ejecutándose sobre una abundancia de recursos tan excepcional que no podría repetirse en años venideros, se agrandaría el desajuste entre las cuentas y la realidad de 2022.

Supongo que, también en el contexto autonómico en general, volveremos a oír hablar de reforma fiscal (qué pensaría Fuentes Quintana de esta frivolidad, solo comprensible en la arena política) o de rebaja masiva de impuestos (bueno, un 0,8 por ciento del presupuesto de ingresos). 

La realidad es que la bajada de tributos quedará en mucho ruido y pocas nueces, lo que conviene a la estabilidad macroeconómica del momento. Porque para los próximos años es preferible ir pensando más en reducir el endeudamiento, el de todos los gobiernos, también el de las CC.AA, que en bajar impuestos. Y una predicción que ya lanzo: como en los próximos meses las arcas públicas se llenarán con cierta facilidad debido a la expansión post-pandemia, algunos lo atribuirán a la “reforma fiscal”. De nuevo, Laffer o el carro delante de los bueyes.

En definitiva, una agenda cargada de asuntos fiscales que no nos aburrirá. Al final del curso político, si no antes, los ciudadanos deberíamos estar preparados para ponerles nota a unos y otros.

M.S

¡¡¡Nuevos tiempos nuevas ilusiones ESPERANZA para TODOS!!!