Encaje jurídico de la huelga general que se quiere convocar

Octubre, mes revolucionario por excelencia a lo largo de la historia, por si no lo sabían.

 👨🏽‍⚖️Encaje jurídico de la convocatoria de huelga general 

La cuestión está en cómo se formule la finalidad de la huelga.

1. El artículo 28.2 no dice que la huelga tenga que ser exclusivamente salarial

La Constitución establece:

«Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses».

No dice «intereses estrictamente laborales» ni «intereses frente al empresario». 

(Fuente BOE)

Y aquí aparece un argumento importante: el coste de la vivienda afecta directamente a las condiciones materiales y económicas de los trabajadores.

Un trabajador cuyo salario se destina en una proporción desproporcionada al alquiler, que no puede emanciparse, que tiene que desplazarse cientos de kilómetros por no poder pagar una vivienda cerca de su trabajo o que ve reducida su capacidad económica por el precio de la vivienda está afectado en cuanto trabajador.

2. El artículo 35 CE reconoce el derecho al trabajo

El artículo 35.1 reconoce:

«El derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia...»

Aquí hay una conexión constitucional interesante: ¿qué significa una remuneración suficiente si el trabajador no puede acceder a una vivienda?

No significa que el artículo 35 garantice una vivienda, pero permite argumentar que las condiciones económicas necesarias para que el trabajo proporcione una vida digna forman parte del contexto constitucional de los intereses de los trabajadores.

3. Y el artículo 47 es todavía más directo

El artículo 47 establece:

«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.»

Y añade que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho. 

(BOE)

Por tanto, la vivienda no es una reivindicación constitucionalmente ajena al trabajador.

La Constitución está conectando:

trabajo → remuneración suficiente → condiciones de vida → vivienda digna.

Eso permite construir un argumento jurídico bastante más sofisticado que decir simplemente «es una huelga política».

4. El artículo 9.2 también es relevante

El artículo 9.2 obliga a los poderes públicos a:

promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas.

Y a remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

Por tanto, una reivindicación colectiva destinada a conseguir condiciones que permitan a los trabajadores acceder a una vivienda puede presentarse no simplemente como una reivindicación política partidista, sino como una reivindicación vinculada a derechos y principios constitucionales.

5. Y hay un dato muy importante del Tribunal Constitucional

Aquí es donde matizaría mucho mi respuesta anterior.

La STC 11/1981 dice que los intereses defendidos mediante la huelga no tienen necesariamente que coincidir exclusivamente con el interés individual de cada huelguista. El Tribunal admite que puedan defenderse intereses de una categoría de trabajadores y reconoce incluso la posibilidad de solidaridad cuando existe una conexión directa con intereses profesionales. 

(BOE)

Ahora bien, el mismo Tribunal establece un límite: no queda protegido por el artículo 28.2 el paro utilizado simplemente para presionar al Estado en una cuestión completamente desconectada de los intereses de los trabajadores. 

(BOE)

Y ahí está el verdadero debate sobre la vivienda.

Mi conclusión

Yo no afirmaría que una huelga por la vivienda es automáticamente ilegal por ser política.

Lo correcto sería decir:

Una huelga por la vivienda puede tener una finalidad política —porque reclama actuaciones de los poderes públicos— y, al mismo tiempo, defender intereses constitucionalmente relevantes de los trabajadores, especialmente cuando el acceso y coste de la vivienda inciden directamente sobre sus condiciones económicas y de vida.

El problema jurídico estaría en la conexión concreta entre la reivindicación y los intereses profesionales de los trabajadores.

Y hay una diferencia enorme entre:

A) «Huelga para obligar al Gobierno a aprobar determinada ley de vivienda» → mayor riesgo de ser considerada una huelga política ajena al interés profesional.

y

B) «Huelga de los trabajadores para reivindicar unas condiciones económicas y sociales que permitan acceder a una vivienda digna» → argumento constitucional mucho más defendible, apoyado conjuntamente en los artículos 28.2, 35, 47 y 9.2 CE.

Además, el artículo 7 CE reconoce expresamente el papel de los sindicatos en la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios, lo que refuerza el argumento cuando la convocatoria procede de organizaciones sindicales. 

(BOE)

Por eso creo que tu objeción a mi primera respuesta era razonable: decir simplemente «si no es laboral, es política y por tanto no encaja» es demasiado simplista. La cuestión constitucional es determinar si la vivienda, por su incidencia directa sobre la vida económica y social de los trabajadores, puede formar parte de los intereses cuya defensa legitima el ejercicio del artículo 28.2.

M.S

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